La reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental busca unificar criterios y brindar herramientas que propicien la implementación de la economía circular.
La Ley incluye la promoción de incentivos para la integración sistemática de los aspectos ambientales en el diseño de los bienes y productos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación impulsó la aprobación de la reglamentación de la Ley 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. En línea con esta iniciativa, fue publicado el Decreto 779 en el Boletín Oficial que busca propiciar la implementación de un modelo circular de gestión de residuos.
La cartera ambiental de la Nación ejerce facultades como autoridad nacional de aplicación de la mencionada ley, por eso le corresponde asumir el rol de promover un modelo circular de gestión de residuos en el cual, teniendo como premisa la minimización y prevención en la generación de los mismos, pueda optimizarse el uso de los materiales insertos en el mercado para que permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo económico, y se aproveche al máximo su materia prima.
La reglamentación, en uno de sus anexos, incorpora lineamientos para abordar la producción, distribución, consumo y reciclado, promoviendo la valorización y reincorporación de los residuos. Además, suma el principio de responsabilidad extendida al productor por la gestión integral y su financiamiento, a los productores que introducen bienes por primera vez en el mercado.
También incluye la promoción de incentivos para la integración sistemática de los aspectos ambientales en el diseño de los bienes y productos —ecodiseño—, así como la creación de programas especiales para la gestión gestión de residuos especiales de generación universal (REGU), aquellos que por sus características particulares deberán observar las pautas mínimas que establecerá la autoridad de aplicación, entre los que se pueden enumerar: aceites vegetales usados y grasas; aparatos eléctricos y electrónicos; pilas y baterías; neumáticos de desecho; pinturas y solventes; entre otros.
La medida también propone programas para promover la valorización de residuos, los cuales deberán contemplar los lineamientos y el ciclo de vida de las fracciones de residuos domiciliarios y la inclusión de los recuperadores urbanos en la recuperación de residuos, fomentando así su integración al mercado posconsumo.
La norma además, aprueba el código unificado de colores para la clasificación e identificación de fracciones de residuos domiciliarios —separación diferenciada— con el fin de promover la transición hacia un modelo de economía circular sostenible. De esta manera, la unificación de principios para la segregación de los residuos domiciliarios pretende fomentar la cultura ciudadana en la materia así como facilitar la labor de la industria de reciclaje en todo el país.
Además, la reglamentación establece la implementación de planes integrales de comunicación, campañas de sensibilización y educación ambiental para fomentar la correcta segregación de los residuos domiciliarios en todo el territorio.
